Estas son las acusaciones que el Ministerio Público hace al general Juan Carlos Torres Robiou

Por presunta corrupción administrativa, varios oficiales activos de distintos cuerpos castrenses, incluyendo a tres con el rango de general, fueron apresados como parte de la operación denominada “Coral 5G”.

Uno de los detenidos es el general de la Fuerza Aérea Dominicana (FAD), Juan Carlos Torres Robiou, a quien desde el caso Coral el Ministerio Público tenía en la mira.

El pasado mes de abril, el general Torres Robiou había sido señalado en el expediente por el alquiler de un inmueble a un costo mensual de 3 mil dólares, ubicado en el condominio Balcones del Atlántico, en la provincia de Samaná. El Ministerio Público consideró el caso “en extremo sospechoso”.

De acuerdo a las investigaciones del Ministerio Público, el apartamento figura a nombre de Único Real State e Inversiones SRL, el cual está a nombre de la pastora Rossy Guzmán y de su hijo Tanner Flete Guzmán.

Único Real State “blanqueaba” las supuestas actividades ilegales de los involucrados en instituciones como el Cuerpo Especializado de Seguridad Turística (Cestur) y el cuerpo Especializado de Seguridad Presidencial (Cusep).

Además de Torres Robiou fueron apresados ayer el general Julio Camilo de los Santos Viola, también de la Fuerzas Áreas, y el general Boanerges Reyes Batista, del Ejército de República Dominicana.

El operativo alcanza también al capitán de navío Franklin Antonio Mata Flores, a José Manuel Rosario Pirón, a los coroneles Carlos Augusto Lantigua Cruz y Miguel Ventura Pichardo; a Erasmo Roger Pérez Núñez, al cabo Jehohanan L. Rodríguez Jiménez y a César Félix Ramos Ovalle.

La Procuraduría General de la República informó que Coral 5G se desarrolla como parte de las acciones contra la corrupción que llega el Ministerio Público, encabezado por la magistrada Miriam Germán Brito.

Explicó que un equipo de fiscales practicó 49 allanamientos en el Distrito Nacional y las provincias Santo Domingo, Santiago y La Vega.

Los operativos fueron encabezados por los procuradores adjuntos Yeni Berenice Reynoso y Wilson Camacho, titulares de la Dirección General de Persecución del Ministerio Público y la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca).

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