Legisladores mantienen el “barrilito”, solo cuatro renunciaron al privilegio


El Congreso Nacional nunca ha tenido la intención real de eliminar el Fondo de Gestión Social, mejor conocido como “barrilito”, a pesar de las críticas de la sociedad a esta práctica incompatible con la labor legislativa; de los dudosos resultados que generan las entregas de canastillas, mosquiteros, juguetes y electrodomésticos y, sobre todo, la falta de transparencia con que los senadores y diputados disponen de esos recursos.

Antes de que se le conociera como “barrilito”, existía en ambas cámaras un “Plan de Acción Social” y además, senadores y diputados tenían organizaciones no gubernamentales, a través de las cuales recibían fondos “para labores sociales”. Todo esto manejado siempre a discreción de los presidentes de turno y sin transparencia, pues no se rendía cuentas de los recursos entregados.

Al decir de Reinaldo Pared Pérez, quien asumió la presidencia del Senado en agosto de 2006, “existían ONG propiedad de legisladores de todos los partidos políticos, incluyendo el PLD… eran recursos de la secreta”, al referirse a la situación y él transparentó esos fondos, apelando a la equidad y a la justicia, y sin que se involucraran los partidos políticos representados en el Senado.

De acuerdo con sus declaraciones, él gestionó la creación de 32 cuentas corrientes, una para cada senador, y nombró contadores públicos autorizados para que auditen esos fondos mensualmente. Sin embargo, a pesar de esta decisión que procuraba transparentar el uso de esos recursos, la sociedad desconoce en qué han invertido los RD$3,370.416 millones que se le han entregado a cada senador.

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